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El Tribunal Supremo, en una reciente sentencia de 23 de mayo 2018, ha determinado que las valoraciones administrativas de inmuebles a efectos del Impuestos sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados no pueden limitarse a una mera multiplicación de un coeficiente sobre un valor asignado, invirtiendo así la carga de la prueba al contribuyente por la que éste deberá probar que el valor comprobado (si dicho inmueble presenta singularidad) dista del valorado por la Administración, por tanto, no puede aplicársele valores medios estimados por la administración a través de las ponencias de valores catastrales multiplicado por los coeficientes fiscales a los efecto de hallar el meritado avaluo fiscal.

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